Lo hizo a través de un comunicado en el que dejó claro que esta norma “debería ayudar a organizar la búsqueda de casos de desapariciones forzadas por parte del Estado, crear un banco único de ADN, acompañamiento a víctimas y familiares, y acceso a archivos estatales de la Iglesia”.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero la Mesa del Congreso de los Diputados acordó, con los votos del PSOE y Unidas Podemos, no prorrogar más el plazo de enmiendas a la ley con el objetivo de que se pueda tramitar.

Ante esta situación, Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España exigió que “se apruebe de una vez por todas esta ley tan necesaria” y se preguntó si “¿van a dejar los grupos parlamentarios que pase una nueva legislatura sin que se apruebe la ley de bebés robados? ¿Va a incumplir el Gobierno su compromiso de garantizar que habrá respuesta que llevan buscando a sus hijos e hijas durante décadas, para personas que intentan localizar a sus hermanos o hermanas, o para quienes buscan conocer su origen y su verdadera identidad?”

AI atestiguó que se asiste a lo que “podría ser una oportunidad histórica para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en España durante más de 50 años”, desde el final de la Guerra Civil hasta la década de 1990.

En ese sentido, recordó que en 2021 recopiló más de un centenar de denuncias en un informe ante el cual la respuesta de las autoridades a las víctimas de estos delitos “no ha sido adecuada ni conforme a los estándares internacionales”.

Del mismo modo, evocó que recientemente ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 16.000 firmas que piden que no se cierre esta legislatura sin la aprobación de la ley.

A su juicio, la ley debe “establecer un banco único de ADN”, “impulsar investigaciones exhaustivas y eficaces que sirvan para dar respuestas sobre lo sucedido, velando porque el plazo de prescripción se cuente a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas”, “permitir el acceso a todos los archivos y documentos públicos y privados” y “garantizar que todas las víctimas reciban reparación integral”.