En plena campaña navideña de ventas, AI presentó hoy un informe sobre la desprotección de los derechos de la infancia en el negocio de los videojuegos, que en España mueve un volumen anual de 790 millones de euros (tanto como la música y el cine juntos).

Unos tres millones de menores españoles están familiarizados con esta forma de entretenimiento a través de videoconsolas, Internet o teléfono móvil, y un 75% de ellos confiesa que consume juegos violentos.

Se trata de juegos muchos de ellos muy populares y con gran respaldo publicitario, en los que se "banaliza" la tortura, se valora la capacidad de matar o se ensalzan las condenas extrajudiciales, según señaló en rueda de prensa el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán.

Amnistía asegura que cualquier menor puede hacerse sin dificultad con uno de estos juegos en una tienda, en Internet o en telefonía móvil, porque el sector tiene un código de autorregulación (PEGI) ineficaz, sobre todo en publicidad y promoción, "y su prioridad es ganar dinero", y las legislaciones autonómicas que hay en todas las comunidades excepto en Baleares no se aplican.

Beltrán afirmó que el Ejecutivo conoce de sobra el alcance del problema y tiene conocimiento de los informes análogos al de AI que han presentado anteriormente otras organizaciones e instituciones como el Defensor del Menor o la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

"Supuestamente lo están analizando", dijo Beltrán. "No puede ser que después de un año hablando con el Ministerio de Educación, no haya una ley específica. El Estado no puede continuar con esta falta de diligencia", "incumpliendo sus obligaciones y compromisos internacionales porque no protege a los menores, no sanciona y no promueve legislación".

Esa es la principal exigencia de AI: una ley marco para todo el Estado que prohíba de forma taxativa casos concretos como que un juego violento pueda adquirirse en la sección de juguetes de unos grandes almacenes.