La presidenta de AI en España, Eva Suárez Llanos, fue la encargada de presentar este estudio que, coincidiendo con la celebración el próximo lunes del Día Mundial contra la Violencia hacialas Mueres, trata de evaluar lo que está haciendo el Gobierno central para resolver el problema y si cumple adecuadamente las normas establecidas en esa materia.

En este sentido, el informe concluye que la Administración central ha tomado unas medidas "verdaderamente insuficientes y en algunos casos incluso inadecuadas" para luchar contra la violencia de género y proteger a las mujeres que sufren el problema. Según el estudio, el Ejecutivo no contabiliza como víctima de violencia de género a una mujer que igresa en un hospital por malos tratos y muere a los pocos días.

Amnistía considera que el Gobierno debería impulsar una armonización en todas las comunidades autónomas en lo que a la protección de las mujeres maltratadas se refiere, ya que el número de centros de acogida varía en función de cada región.

Esta organización entiende que la Administración debería garantizar también una protección efectiva a las mujeres, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres asesinadas se encontraban en trámite de divorcio o separación y habían demandado que se las protegiera.

Asimismo, Amnistía Internacional subraya la necesidad de que los procesos judiciales sean efectivos, ya que sólo el 18% de las denuncias por malos tratos se acaban traduciendo en condena y únicamente el 20% se resuelven con una indemnización para la víctima. En este sentido, la organización ha constatado que, de los casos estudiados, sólo una de estas indemnizaciones superaba las 100.000 pesetas.

INMIGRANTES

En la relación de l inmigración con los malos tratos, el estudio ofrece datos muy reveladores. Según AI, cuando una inmigrante en situación irregular está siendo maltratada, pierde su derecho a recibir la asistencia de un abogado y se puede ver obligada a convivir con su maltratador durante incluso dos años.

Amnistía asegura que si estas mujeres deciden acudir a centros de acogida, se les deniega el acceso por su condición de inmigrantes ilegales e incluso se las denuncia para que sean expulsadas del país, como ha consttado la organización en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las mujeres residentes en zonas rurales, el informe revela que no les resulta fácil denunciar casos de violencia de género, ya que los policías municipales no tienen información específica sobre el problema e incluso se puede dar la circunstancia de que sean amigos del propio maltratador.

Respecto a los dos planes de acción en esta materia puestos en marcha por el Ejecutivo, Amnistía indica que el segundo ha sido establecido sin evaluacón pública del primero. En cualquier caso, el informe puntualiza que ambos planes dedican un escaso presupuesto a la educación y la prevención, y van encaminados a modificar el comportamiento de la víctima, pero no del maltratador.

Asimismo, la organización denuncia que el Gobierno no tiene en cuenta las opiniones de las asociaciones de mujeres, haciéndolo únicamente cuando se trata de la asistencia a las víctimas, pero no a la hora de evaluar las actuaciones llevadas a cabo en la materia.

Por suparte, Ana María Pérez del Campo, presidenta del Foro contra la Violencia y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, resaltó que el Ejecutivo debe contar con la opinión de los expertos en la materia y con las organizaciones no gubernamentales.

En este sentido, dijo que se ha producido un "divorcio" entre el Gobierno y las asociaciones de mujeres del que es responsable el primero y opinó que los planes que se aprueban en materia de violencia de género no van a la raíz del problema.

Tras sñalar que el Ejecutivo plantea los malos tratos como una violencia de menor entidad, Pérez del Campo insistió en que estas prácticas también son una forma de terrorismo y apostó por la prevención y la educación desde la infancia como método para erradicarlas.

Recalcó que no se está provocando rechazo social hacia la violencia, sino dando la impresión de que la víctima es la responsable de lo que le sucede por no denunciarlo, olvidando que se ve obligada a convivir con su agresor.

Finalmente, Pére del Campo quiso hacer hincapié en el papel de los niños en el problema, afirmando que éstos no son testigos de la violencia, sino víctimas directas de ella, y sufren un daño psicológico difícil de reparar y que condiciona su vida futura.