La ONG denunció que España y Marruecos “obstaculizan” los intentos de estas familias de “averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”.

Asegura que después de que alrededor de 2.000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaran entrar en España desde Marruecos el 24 de junio de 2022, 37 de ellas murieron y al menos otras 76 continúan en paradero desconocido.

En vísperas de la tragedia, Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, lamentó que “las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad y frustran todo intento de averiguar la verdad”.

“transcurrido un año, no se ha hecho ningún intento de repatriar los restos de las víctimas”, señaló, y “al menos 22 cuerpos siguen en una morgue en Marruecos”. Mientras, “las esperanzas de hallar con vida a los 76 desaparecidos se desvanecen”.

OBSTRUCCIONES

Según Amnistía, ni España ni marruecos han facilitado una lista completa con nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación. “Tampoco han investigado adecuadamente acciones que constituyen crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos”, agregó.

Afirma que las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó sus pesquisas sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas.

Al mismo tiempo, sostiene que Marruecos rechazó toda investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y “ha hecho prácticamente imposible que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas. Las peticiones de información remitidas por escrito por Amnistía Internacional a los gobiernos marroquí y español no han recibido hasta ahora respuesta”.

FRONTERA

Amnistía dice que España siguió llevando a cabo “prácticas ilegales en las fronteras como expulsiones colectivas, en las que a menudo se hace uso excesivo de la fuerza”. En el lado marroquí, y como consecuencia de la cooperación entre los dos países, sostiene que “los gendarmes siguen impidiendo que las personas subsaharianas negras alcancen territorio español para solicitar asilo en el puesto fronterizo”.

Callamar manifestó que “lo sucedido en Melilla es un buen recordatorio de que las políticas migratorias racistas encaminadas a fortificar las fronteras y restringir las vías seguras y legales para quienes buscan seguridad en Europa tienen consecuencias mortales”.

A su juicio, resulta “difícil no ver el elemento racista en lo sucedido en Melilla y la forma deshumanizadora en que se trata a las personas negras en las fronteras de Europa cuando viven, desaparecen o mueren””.

PRÓXIMA LEGISLATURA

Entre las 14 peticiones que AI presentó de cara a las elecciones del 23 de julio, destaca el fin de la “excepcionalidad” de Ceuta y Melilla en cuanto a la legislación de asilo.

Para Esteban Beltrán, director de AI españa, resulta “prácticamente imposible” pedir asilo en estas ciudades, donde además las obligaciones internacionales adquiridas por España se incumplen de “forma sistemática”.

Lamentó además “que en la anterior legislatura se perdió la oportunidad de terminar con las ‘devoluciones en caliente’”. Insistió en que urge “adoptar los cambios legislativos necesarios para asegurar las solicitudes de asilo en frontera y que tragedias como la de Melilla no vuelvan a producirse”.