En un comunicado, la organización denuncia que los presos fueron condenados a muerte sin recibir la ayuda de las autoridades de su país de origen, un derecho que les asiste desde 1969, año en que Estados Unidos ratificó la Convención deViena sobre las relaciones consulares.

En el artículo 36 de este tratado multilateral, se expresa la obligación de las autoridades locales de informar a los extranjeros arrestados de su derecho a recibir asistencia del consulado. El fin del artículo es proteger al arrestado, ya que el consulado puede proporcionarle ayuda jurídica y de traducción o tramitarle la documentación necesaria.

Según Amnistía Internacional, el Departamento de Estado norteamericano acude al artículo 36 cuando se trata de pesos norteamericanos en el extranjero, pero no toma las medidas necesarias para garantizar que los Estados norteamericanos respeten la norma.

Amnistía cita el ejemplo del mejicano Tristán Montoya, ejecutado el año pasado en Texas por haber participado indirectamente en un crimen. Montoya firmó su confesión en inglés, un idioma que no hablaba ni leía, sin haberse puesto en contacto con su consulado. El acusado creía que sólo cumpliría una pena de prisión.

El Departamento de Estado contactó con el obernador de Tejas poco antes de la ejecución, pero éste se negó a realizar una investigación sobre la violación del artículo 36, aduciendo que Tejas no había firmado la Convención de Viena. Ni siquiera una apelación al Tribunal Supremo dio resultado y Montoya fue ejecutado.

Según Amnistía, el año pasado 37 bufetes de abogados norteamericanos envíaron una carta colectiva a la secretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, denunciando que se había privado a sus clientes de sus derechos consulares.El Departamento de Estado ni siquiera les respondió.