En la presentación del informe anual de la organización sobre los derechos humanos en el mundo, la secretaria general de AI, Agnes Callamard, indicó que “la respuesta en el tema de los refugiados de Ucrania demuestra que los Estados sí tienen voluntad, sí son capaces de coordinarse y de actuar con rapidez”, aplicando criterios de humanidad.

“Pero esto es así en algunos casos”. En otros, “se ha dado la espalda” a los millones de personas que huían de conflictos similares, como sucedió en 2021 con las personas que intentaban llegar a la UE desde Turquía o Bielorrusia, lamentó.

Callamard condenó además “la terrible invasión de Ucrania por parte de Rusia”, que “ha violado de forma flagrante todas las leyes internacionales”. En su opinión, “este ataque es comparable a la invasión de Iraq por parte de Estados Unidos y, de alguna manera, “se debe también a años y años de inacción por parte de la comunidad internacional”.

“Rusia lleva años violando la legislación internacional en Siria mientras todos los países miraban hacia otro lado”, y subrayó las evidencias de ataques rusos contra infraestructuras civiles en Siria, “igual que ocurre ahora en Ucrania”.

Del mismo modo, el mundo lleva 20 años sin hacer caso a las violaciones de la legalidad internacional y los derechos humanos en todo lo que tiene que ver con la ’Guerra contra el Terror’ iniciada en 2001”, recalcó.

Callamard agregó que en 2021 se confirmó y agravó la incapacidad del multilateralismo para buscar soluciones a los distintos conflictos bélicos”. No se puso fin a los ya existentes, como los de Palestina o República Democrática del Congo, y surgieron otros nuevos en Mali, Burkina Faso y Afganistán.

REFUGIADOS

Por este motivo, 2021 fue el año tras la Segunda Guerra Mundial con el mayor número de refugiados del mundo, y todo hace indicar que 2022 será aún peor. “Criticamos los crímenes de Rusia, pero eso no nos impide darnos cuenta de la doble vara de medir que utiliza Occidente”, dijo la representante de Amnistía.

Por su parte, el director de AI España, Esteban Beltrán, alabó “los esfuerzos del Gobierno para dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán”, pero lamentó que “no actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución”.

“No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla”, declaró Beltrán. A su juicio, “no es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio”.

“Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras o si solo van a hacerlo cuando interesa más”, recalcó.

Amnistía se muestra también muy crítica en su informe con las devoluciones en caliente de migrantes por parte de Grecia y, en especial, con la colaboración de Italia y Malta con los guardacostas libios, puesto que “devuelven a la fuerza a los migrantes a un lugar donde su vida corre un serio peligro”.

Asimismo, el informe compara la “gran acogida” que Polonia está prestando a los refugiados de Ucrania con su respuesta en 2021 a los migrantes que intentaban entrar desde Bielorrusia, donde se les dejó morir de frío.

LA LIBERTAD, EN RETROCESO

En 2021, al menos 67 países introdujeron nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión, indica la investigación de Amnistía.

En Estados Unidos, 36 Estados presentaron más de 80 proyectos de ley que restringían la libertad de reunión, mientras el Gobierno de Reino Unido propuso el Proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales, que reducirá drásticamente el derecho a la libertad de reunión pacífica con la ampliación de las facultades policiales si sale adelante. Del mismo modo, prosiguió, muchos Estados hicieron un uso “abusivo e invasivo de las tecnologías digitales de vigilancia con la escusa de la pandemia”.

Amnistía denunció asimismo que la libertad de expresión y el derecho a la protesta “siguen amenazados en España” por la falta de reforma de la denominada 'ley mordaza'; la aplicación del Código Penal en casos como la condena y entrada en prisión de Pablo Hasél por los delitos de “enaltecimiento de terrorismo” e “injurias a la Corona y a las instituciones del Estado”, o el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones.

“La buena noticia en este ámbito”, según Amnistía, “consistió en la puesta en libertad de los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en 2021, después de cuatro años en los que nunca debieron estar en prisión”.

IMPUNIDAD

Por último, Amnistía criticó la “discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias durante la pandemia, que ha quedado prácticamente impune”. “El año 2021 es el año de la impunidad. Ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad”, lamentó Esteban Beltrán.

A eso se suma lo que la organización denomina “la otra pandemia”: la falta de un acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores y personas con problemas de salud mental, que puso en riesgo su salud física y mental e impactó de manera especial en las mujeres. “Todo ello en el marco de un sistema sanitario cercano al colapso, especialmente en su atención primaria”.

El informe de Amnistía presta especial atención a la desigualdad en el reparto de las vacunas y “a las promesas incumplidas de recuperación” y de superación de las desigualdades. Por este motivo se eligió Johannesburgo, en Sudáfrica, para su presentación oficial. En 2021, solo el 8%de la población de áfrica tenía la pauta de vacunación completa.