Segúnla organización internacional, pese a que "hasta 1989 los sistemas de detención administrativa y los abusos cometidos al amparo de ellos fueron divulgados y criticados ampliamente en la prensa oficial china", desde entonces son silenciados sistemáticamente.

Las disposiciones, decisiones e instrucciones oficiales establecidas para la detención administrativa son vagas, muchas de ellas no se han hecho públicas y son frecuentemente ignoradas, asegura AI.

En muchos casos, prosigue la organización defnsora de los derechos humanos, "la policía controla directamente el sistema de detención, sin participación alguna de los tribunales y sin que los detenidos dispongan de un procedimento efectivo de apelación".

Las víctimas permanecen a veces recluidas "varios años más del tiempo permitido. Incluso fuentes oficiales han reconocido que muchas personas son detenidas 'injustificadamente'", afirma Amnistía Internacional.

También es frecuente que los cautivos sean torturados o maltratados, o permanezca incomunicados en condiciones degradantes.

Las dos principales formas de detención son en centros de "refugio e investigación" o de "reeducación por el trabajo". Amnistía asegura que "al menos varios centenares de personas han sido enviadas a los campos de 'reeducación' después de las protestas en favor de la democracia de 1989".

AI pide al Gobierno chino que ponga en libertad a todos los presos de conciencia recluidos en virtud del sistema de detención administrativa y a todos los presos polítics, si no van a ser juzgados de inmediato, y que derogue cualquier ley que permita encarcelar a los ciudadanos sin juicio previo.

La organización humanitaria solicita también a Pekín que garantice la investigación imparcial de todas las denuncias de tortura y que introduzca salvaguardias para prevenirla.