Creada en virtud de un decreto gubernamental en enero de 2021, la milicia SSA está comandada por uno de los líderes de milicias más poderosos de Trípoli, Abdel Ghani al Kikli, conocido como ‘Gheniwa’, que fue nombrado a pesar de un historial bien documentado de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos bajo su mando, sostiene la ONG..

Según la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy, “legitimar a líderes de milicias que cometen abusos y ponerlos a sueldo del Estado sin hacer preguntas sólo los empodera para seguir pisoteando los derechos de más personas con total impunidad. No sorprende, pues, que la nueva milicia de Abdel Ghani al Kikli esté implicada una vez más en crímenes terribles, sea contra personas migrantes y refugiadas o contra la propia población libia”, declaró Eltahawi.

“Hace más de una década que las milicias bajo su mando aterrorizan a quienes viven en el barrio de Abu Salim de Trípoli, con desapariciones forzadas, torturas, homicidios ilegítimos y otros crímenes de derecho internacional. Por ello, al Kikli “debería ser investigado y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesado en un juicio justo”, reclamó.

Amnistía Internacional escribió el 19 de abril de 2022 a las autoridades libias en relación con las denuncias recibidas contra Abdel Ghani al Kikli y su antiguo adjunto, Lotfi al Harari, y pidió que, mientras se llevan a cabo investigaciones, ambos sean destituidos de aquellos cargos que les permitan cometer nuevas violaciones, influir en las investigaciones o conseguir inmunidad procesal. No se ha recibido ninguna respuesta a tiempo para su publicación.

Representantes del Ministerio del Interior en Trípoli confirmaron a Amnistía Internacional que la SSA intercepta a personas refugiadas y migrantes en el mar y las lleva a centros de detención bajo su controlexclusivo, y que ese Ministerio no supervisaba las operaciones de la milicia dado que ésta depende del primer ministro y no de Interior.

Cuando se les preguntó por el fundamento jurídico por el que la SSA participaba en operaciones de interceptación, los representantes del Ministerio del Interior afirmaron desconocerlo.