Este informe, que lleva por título "España: Más derechos, los mismos obstáculos", analiza los cambios en la respuesta del Estado ante los malos tratos desde la entrada en vigor, en 2005, de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Durante este periodo, 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, las peores cifras registradas desde 1999.

Entre las deficiencias detectadas por Amnistía figuran la falta de medidas eficaces en la detección precoz de malos tratos en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad por parte de las víctimas, la ausencia de formación obligatoria para los profesionales que tratan directamente con las víctimas y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos con los que se encontraban las mujeres con anterioridad a la Ley.

Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, destacó en rueda de prensa que "las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la Comunidad Autónoma en la que vivan, y aún hay colectivos de mujeres que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia".

Además, Beltrán mostró su preocupación ante el riesgo de que, con la Ley Integral y su desarrollo, la 'orden de protección' se haya convertido en requisito exigido a las maltratadas para acceder a recursos básicos.

MÁS DENUNCIAS

Según los datos del informe, cada año se registran más denuncias por violencia doméstica. En 2005, fueron 73.109 las mujeres que denunciaron las agresiones sufridas a manos de sus parejas, de las que 47.616 obtuvieron "orden de protección". No obstante, en el 22,7% de los casos esta orden fue denegadas, en ocasiones "sin fundamentar la razón".

María Naredo, investigadora del informe "España: Más derechos, los mismos obstáculos", dijo que, aunque están aumentando, "sólo un 5% de las mujeres víctimas de violencia de género denuncian las agresiones". "Casi la totalidad de las denuncias se realizan frente al médico", detalló.