Para César Díaz, portavoz de AI en España, la sentencia, que condena a los encausados a morir como mataron a su víctimas, impone un castigo "cruel y equivocado".

"La constatación", dijo, "de la gravedad de los crímenes por los que el tribunal ha condenado a esta persona hace necesario proteger a la sciedad de nuevos crímenes mediante penas privativas de libertad, pero este tipo de castigos añaden un plus de brutalidad que para nada ayuda a la mejora de la sociedad, sino todo lo contrario".

El portavoz de AI insistió en que el castigo que impone la condena viola los principios consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos y recordó a Pakistán y a otros países que aplican este tipo de penas que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena (Austria) en 1993 muchos de ello apoyaron que estos derechos son universales y no pueden ser objeto de interpretaciones de carácter cultural o religiosa.