El PP difundió un comunicado, ante las recientes excarcelaciones de miembros de ETA y del GAL, en el que reclama "el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad y el cumplimiento íntegro de estas en los casos de terrorismo y narcotráfico".

Asimismo, defiende "el control judicial de la ejecución de penas y, en consecuencia de las decisiones que afecten al régimen penitenciario, como la concesión del tercer grado de semi-libertad".

A su juicio, ambos principios se conclcan con las recientes excarcelaciones, en las que los reclusos "no han cumpoido ni siquiera la mitad de sus condenas y en las que el Gobierno y Administración penitenciaria de él dependiente han actuado sin control ni decisión judicial".

El PP entiende que no se pueden "utilizar las penas como instrumento de negociación política o de compensación de favores", sino que "hay que cumlirlas efectivamente y bajo la tutela judicial, que son las únicas garantías del imperio de la ley cmo base del Estado de erecho".