Así lo advirtió este viernes la Delegación en Cataluña de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un comunicado en el que subrayó que esta situación “va a perjudicar a los arrendadores que la ofrecen como un servicio añadido en alquiler vacacional”, teniendo en cuenta que las nuevas normas administrativas sobre piscinas aprobadas por la Generalitat determinan la prohibición de llenar los vasos y es “probable” que aquellas que ya estuvieran llenas o que “excepcionalmente” se pudieran llenar “deban abrirse al público en general”.

En este sentido, puntualizó que el arrendador que anuncia su vivienda con piscina deberá informar “de forma expresa” acerca de su “disponibilidad real” con carácter previo a la contratación.

“Si la contratación ya se hubiera realizado antes de conocerse las restricciones, el usuario tendrá derecho a cancelar la reserva sin coste adicional”, sentenció, al tiempo que explicó que las plataformas de intermediación ya están “advirtiendo” a los propietarios de los apartamentos o casas turísticas con piscina de que tienen que avisar a los consumidores de estas restricciones.

En este contexto, aseveró que, en el caso de que no se hiciera y no pudieran disfrutar de la piscina, los usuarios podrán “reclamar” a los propietarios la devolución de las cantidades pagadas por adelantado y, “dependiendo del caso, una indemnización adicional”.