En declaraciones a Radio Nacional, Almunia atribuyó los fallos en los sistemas de seguridad de los servicios de ineligencia al propio CESID, que debía haber dispuesto de sistemas de control adecuados y, en todo caso, haber reaccionado inmediatamente ante la sustracción de documentos.

Además, el diputado socialista dijo que la importancia de los documentos sustraídos hubiera requirido una comunicación inmediata al Gobierno para adoptar las medidas pertinentes, ya que es evidente que su contenido afecta a la seguridad del Estado.

"En función de lo que hay en los documentos y de lo que se decía que había y no hy en los documentos, parece obvio que hay una operación conjunta de una serie de personas -cuyos nombres están en la mente de todos- que, aprovechando esa sustracción y beneficiándose de ella, han tratado de presionar y de chantajear -dicho en términos vulgares- al Gobierno para conseguir objetivos poco confesables", agregó.

Respecto a estas personas, Almunia dijo que "muchas veces pedían al Gobierno que actuase en contra de la ley o incluso pedían al Gobierno que interfiriese en la marcha de la justiia en su propio beneficio", si bien añadió que "lo que sí está clarísimamente demostrado es que el Gobierno no ha cedido ni un milímetro ante esas presiones, sino al revés, que las ha puesto de manifiesto".