Así lo apuntó ante los medios de comunicación en la renovada Plaza de la Remonta, donde señaló que “todo apunta a que habrá una sentencia que condene al Reino de España” por las ciudades de Madrid y Barcelona, ya que ambas ciudades están en ese proceso sancionador por los años 2014 a 2018, donde “se incumplieron sistemáticamente” los limites de calidad del aire.

El regidor madrileño lamentó que, durante el Gobierno de la anterior alcaldesa Manuela Carmena, “en esta ciudad no se cumplió ni un año la normativa de la Unión Europea”, porque “no supieron adoptar medidas eficaces para poder conseguirlo”.

Sin embargo, destacó el alcalde, “el mejor aval que tenemos contra esta sentencia es que ahora la Unión Europea sabe que hay un gobierno que ha conseguido los mejores datos de calidad del aire de la historia de la ciudad”, por lo que “tenemos la posibilidad de cumplir en 2022 por primera vez con la normativa de la calidad del aire de la Unión Europea”.

Almeida incidió en que la Unión Europea “sabe que hay un gobierno que está dispuesto a que se cumplan los limites de calidad del aire”, porque “nunca Madrid ha respirado como está respirando en estos momentos ni nunca ha tenido la calidad del aire que tiene ahora”.

Por tanto, ello el primer edil comentó que, frente a esa sanción, ahora la Unión Europea sabe que estamos cumpliendo y eso es el mejor aval para evitar que una sanción de estas características se vuelva a producir”.

Preguntado por si cumplir ahora con los límites puede eximir a la capital de pagar la multa, el alcalde auguró que la sentencia “previsiblemente será condenatoria”, porque “se incumplieron los límites de calidad del aire” pero, sin embargo, “a partir de ahora, tendremos que negociar cuál es la aplicación de esa sentencia”.

En este sentido, valoró que, gracias a su equipo de Gobierno, “estamos en mejor condición para suavizar las consecuencias de esa sentencia”, porque “lo que busca en definitiva la Unión Europea es que se cumpla la normativa en materia de calidad del aire”.

Por último, informó que “quien tiene que negociar es España”, porque “condena al Reino de España”, pero “somos Madrid y Barcelona las que estamos incluidas”, por lo que “las consecuencias de la sanción recaerán sobre ambas ciudades, aunque sea el interlocutor el Reino de España”.