Según justifican desde la formación, “la Ley actual 22/1973 de Minas procede de la dictadura franquista en un periodo de desarrollismo económico tras la autarquía y con una clara intención de fomentar las actividades extractivas, procediendo de un marco político y conceptual diferente, donde los derechos de participación pública, interés general o cuidado del medio ambiente no se encuentran recogidos”.

“En los últimos años", denuncia López de Uralde, "se ha producido en España una lluvia de solicitudes para la apertura de multitud de nuevas explotaciones mineras, debido a motivos que han hecho rentables explotaciones con concentraciones de mineral muy bajas", y "la gran mayoría de las nuevas minas previstas se pretenden explotar a cielo abierto, con un mayor impacto ambiental y social".

Según el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, “el marco normativo actual nos sitúa ante una grave amenaza territorial que puede suponer la destrucción de miles de hectáreas", pues, según datos del Ministerio, en España hay en tramitación más de 1.500 expedientes de proyectos de nuevas explotaciones de minería metálica”.

En el texto registrado por el Grupo Confederal, se incorporan a la normativa vigente los principios comunitarios de protección ambiental, como los de cautela y prevención o la corrección de los atentados al medio ambiente. Además se adecúan las vías de participación pública para facilitar la acción popular contra actividades que pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente. Asimismo, indican en Alianza Verde, “cuando se apruebe esta reforma, se consideran excluidos de actividad minera los terrenos que integran la red Natura 2000 y aquellos otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas”.

Así, en palabras de López de Uralde, la propuesta de reforma de la ley pretende “incorporar medidas ambientales imprescindibles para adaptar el régimen minero al acervo comunitario, a la disponibilidad y tratamiento de los recursos hídricos y a los derechos de propiedad privada o participación pública, entre otros aspectos”; en definitiva, “dotar a nuestro marco jurídico de una norma propia del siglo XXI”.

Con esta reforma, desde Unidas Podemos señalan que se pretende “incorporar una planificación clara de la diversidad y recursos geológicos para protegerlos y ordenar su uso, teniendo en cuenta la planificación ambiental, territorial y urbanística y desarrollando estudios de impacto sobre transporte, consumo eléctrico y afección a las aguas".