Así lo detalló en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, en el que le acompañaron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La ministra insistió en que las sentencias han de cumplirlas “cualquier administración y cualquier ciudadano de a pie” y que “no hay debate que valga”. “Si estas sentencias se cumplen o no, no corresponde a esta interlocutora, sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Generalitat”, justificó.

En su opinión, si la respuesta va a ser el citado decreto “esa va a ser la respuesta, tiene que ser el TSJC quien determine si es una respuesta correcta”.

En este contexto, reiteró que las lenguas dejen de ser usadas como “arma arrojadiza” por los partidos de la oposición y que el objetivo es que los estudiantes concluyan la etapa obligatoria desenvolviéndose “con la misma fluidez” en ambas.

También aseguró que el Ministerio, a través de la alta inspección, se ha dirigido a la Generalitat para que traslade “qué va a hacer que se cumpla la sentencia”. “De momento no hemos tenido respuesta”, remarcó.

Alegría desmontó otros “mantras” que entiende que falsean la realidad, como la acusación de “adoctrinamiento” a través de los libros de texto. También avanzó que a partir de septiembre “se va a estudiar más Filosofía que nunca” y que "en ninguna de las 665 páginas de los decretos de los currículos (que desarrollan la ley educativa para las distintas etapas) se dice que ni la memoria, ni el esfuerzo, ni los conocimientos vayan a quedar postergados”.

PROFESIÓN DOCENTE

Durante su intervención, la responsable de políticas educativas del Gobierno también prometió que la reforma de la profesión docente en la que está trabajando tendrá que contar con “más recursos” y que habrá que “hablar también de las ratios”. La reforma, indicó, también buscará que los profesionales “lo hagan suyo” y que sean “los verdaderos protagonistas”.

El debate de mejora de las ratios “lo vamos a tener que plantear las comunidades autónomas con el Gobierno central y tendrán que llevar recursos económicos”. “Me parece mucho más efectivo fijarnos en alumno por profesor”, matizó, en vez de establecer las ratios de alumnos por aula.

Respecto a la aplicación de la Ley de Formación Profesional aseguró que Educación está hablando con los ministros de Trabajo y Seguridad Social para que “próximamente” las prácticas de los alumnos de FP coticen a la seguridad social.

“Dependiendo de la intensidad de las prácticas, tendrán un contrato o una formación que cotizará a la Seguridad Social”, indicó, cotización que la va a financiar “en gran medida” el Gobierno “para que no suponga ningún problema ni para los estudiantes ni para las empresas”.