“Hemos puesto todo el interés en el cumplimiento y el respeto de las sentencias judiciales. No solamente en el caso de la administración autonómica de Cataluña, sino de cualquier otra comunidad autónoma cuando hemos tenido conocimiento de cualquier decisión que pudiese contravenir la normativa básica. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro de sus competencias, ha actuado con toda la contundencia”, señaló en una entrevista en Servimedia.

Alegría instó a que los centros catalanes garanticen el 25% de las clases en castellano en cumplimiento a las sentencias que así lo indican. “La Generalitat de Cataluña y cualquier administración tiene que cumplir la ley. Sobre esta cuestión no hay debate”, indicó.

“Cuando el Tribunal Superior de Justicia (de Cataluña) o desde las instancias judiciales solicitan a cualquier colegio que aplique ese porcentaje o un conocimiento mayor del castellano, lo que tiene que hacer la administración autonómica y por tanto ese colegio es asumir, como cualquier persona frente a una sentencia judicial. Frente a una instrucción judicial solamente cabe acatarla y cumplirla”, remarcó.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En este contexto, advirtió, “la propia ley educativa dispone en una disposición adicional que cuando esto no suceda, hay que poner todos los recursos y medios”. “Lo importante”, es que el estudiante, “cuando termine la enseñanza obligatoria tenga la misma fluidez en ambas lenguas”. “Eso es lo verdaderamente importante”, dijo.

La ministra matizó que, aunque el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) “fue absolutamente contundente con esta cuestión”, “es verdad que, una vez que se produjo el propio decreto y la propia modificación de la Ley de Educación, el propio TSJC trasladó consulta al Constitucional. “Estamos en esa situación judicial y mantenemos absoluto respeto”, zanjó.