El escrito de acusación señala que durante los años 2016 y 2017 el alcalde y la concejal abusaron de la figura del contrato menor de servicios, ya que lo utilizaron en más de la mitad de las contrataciones realizadas por la corporación.

Ambos, según la Fiscalía, se aprovecharon de que para su celebración no era necesario un proceso público de licitación, así que “eludieron de forma intencionada la normativa vigente en materia de contratación administrativa que exige el respeto a los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones, privilegiando a unas empresas frente a otras respecto de las que se conculcó la igualdad de trato que debe regir en la contratación dentro del sector público”.

Además, los acusados eludieron también el trámite normativo en materia de aprobación de gasto “de forma tal que la práctica habitual en el Ayuntamiento tras la presentación de factura por ciertas empresas fue la de retención del crédito sin ser aprobado, bastando con una propuesta de gasto por las distintas concejalías, lo que se hizo, entre otras, en la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente con el beneplácito del Sr. Alcalde”.

De esta forma, la mayor parte de los contratos menores de servicio y suministro que se firmaron en este periodo de tiempo suscritos por los acusados “excedieron el límite cuantitativo del mismo, no obstante lo cual, ambos los aprobaron con facturas fraccionadas”.

Y es que, aunque se presentaron contratos con idéntico objeto y unidad funcional y las facturas se giraron a favor de la misma persona, “no se sumaron los importes para adaptarlos a la normativa vigente sino que cada factura se aprobó de forma independiente burlando la normativa existente y perjudicando al resto de empresas aspirantes a la prestación del servicio”.

Pese a que fue advertido de la irregularidad normativa por el Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento, “quien formuló reparo de legalidad”, el alcalde no modificó su política de contrataciones. En total, la Fiscalía aprecia delito en cinco supuestos. Por ejemplo, en 2016 Rodríguez aprobó distintos contratos menores de prestación de servicios y suministro con un importe total de 45.382,17 euros que fueron destinados a un mismo objeto: el mantenimiento de edificios públicos.

A pesar de la identidad en el objeto de los expedientes de contratación (mantenimiento de edificios públicos), se aprobaron por separado “superando notablemente el máximo de 18.000 euros”. En concreto, se emitieron cuatro facturas que sumaban en total los 45.382,17 euros, sin que ninguna de ellas superara los 18.000 euros.