Así lo desveló durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de 2022 en la que presentó el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, “una ley innovadora que va a situar a España en la vanguardia de los países que hacen cooperación al desarrollo en el mundo”.

“Hace de España un país más digno en el seno de la comunidad internacional” y también defiende los intereses de España, “porque en un mundo globalizado para garantizar el bienestar de los españoles” es necesario ayudar al resto de los países de la comunidad internacional a garantizar su bienestar, ya que “los conflictos geopolíticos, las migraciones irregulares, el terrorismo tienen sus causas profundas en el subdesarrollo”.

Las razones para esta nueva ley son, en primer lugar, “un cambio de paradigma en la cooperación al desarrollo” ya que cuando se aprobó la ley del año 98 no existían todavía documentos como la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, ni los acuerdos de cambio climático de París o la agenda financiera de Addis Abeba.

“Es necesario coordinar a los distintos actores del sistema de cooperación, mejorando su gobernanza” y la nueva norma “da su papel a la cooperación de centralizada de comunidades autónomas y ayuntamientos”, además de introducir la cooperación financiera, “una tendencia cada vez más en auge” al lado de lo que es la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Por otra parte, además de mejorar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, la nueva ley abre también “toda una reforma de calado del sistema de cooperación”, a través de un nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), “que se va a reforzar su capacidad”, y un nuevo estatuto para los cooperantes, que busca “dignificar el trabajo y las carreras profesionales” de los mismos.

También, avanzó el jefe de la Cancillería, se creará un nuevo instrumento de cooperación financiera y un nuevo marco normativo de subvenciones adaptado a lo que son las transferencia de fondos internacionales. Albares subrayó el Sahel aparece como región prioritaria de la cooperación española por primera vez, sin olvidar las áreas de cooperación al desarrollo tradicionales.

Finalmente, la nueva ley buscará el refuerzo de la acción humanitaria, una necesidad reflejada en la crisis de Afganistán, en Haití o el reciente, tifón en Filipinas. Dichas crisis “nos recuerdan la importancia de actuar con rapidez”, por lo que se pretende que pase a ser un 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo total de España, con el marco temporal del año 2030.