Así lo indicó después de que el Consejo de Ministros aprobara el martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 2023, que servirá como base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio, para lo que, ante la situación actual, será necesario que el Congreso de los Diputados, al igual que en 2020, 2021 y 2022, apruebe mantener suspensas las reglas fiscales, en línea con la decisión adoptada por la Comisión Europea.

En concreto, Airef publicó este viernes el ‘Informe sobre la concurrencia de las circunstancias para mantener activa la cláusula de escape en 2023’, en el que considera que en 2023 “concurren las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) como consecuencia de la crisis energética y la incertidumbre por la guerra de Ucrania”.

“Las tensiones en las cadenas globales de valor y en los mercados de materias primas que aparecieron en 2021 se han intensificado tras la invasión de Ucrania, configurando un escenario menos propicio para el crecimiento global”, señaló la autoridad independiente en su informe, para acto seguido agregar que “tras varios años de moderación de la inflación, ésta ha emergido con una intensidad inesperada provocando un endurecimiento de las condiciones de financiación de la economía”. Además, considera que “el coronavirus aún resulta un condicionante fundamental de la situación económica”.

Asimismo, Airef advirtió de que “actualmente se están materializando algunos de los riesgos que se identificaron en mayo y, en particular, los relacionados con la emergencia energética, puesto que poco a poco se han ido materializando cortes totales o parciales en el suministro de gas ruso a algunos países europeos”. “Además, persiste la escasez de suministros de otras materias primas alimentarias e industriales”, prosiguió, para añadir que “en este contexto, la inflación ha seguido sorprendiendo al alza en la mayoría de las economías europeas y está llevando a una drástica caída de la confianza de los consumidores y un mayor tensionamiento de las condiciones financieras”.

Por todo ello, Airef aconseja “mantener la cláusula de escape, sin olvidar la vulnerabilidad asociada al déficit estructural y nivel de deuda, en línea con las decisiones adoptadas en el marco de supervisión fiscal europeo”.

Este informe responde a la solicitud realizada por parte del Gobierno, después de que la Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo acordasen la extensión de la cláusula general de salvaguarda existente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) hasta 2023.

De esta forma, Airef recordó que “el 2023 va a ser el cuarto año consecutivo en que se encuentra activada esta cláusula general de salvaguarda”, pero advirtió que la suspensión de las reglas fiscales “no implica la suspensión de los procedimientos del PEC, pero permite a los Estados miembros flexibilizar la respuesta de la política fiscal para hacer frente a los retos”.

Por otro lado, Airef también resaltó que “aún está pendiente de definir el marco de supervisión fiscal europeo que prevalecerá cuando se desactive la cláusula general de salvaguarda previsiblemente en el año 2024, cuyo proceso de revisión se retomó a finales del año pasado y todavía se está debatiendo”.

Por último, la autoridad independiente advirtió que “en la legislación española la activación de la cláusula de escape lleva asociada la aprobación de un plan de reequilibrio que debe contemplar la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento”.

Sin embargo, criticó que “a fecha de hoy todavía no se ha presentado el mencionado plan pese a la activación de la cláusula en octubre de 2020”, por lo que Airef reiteró que “la elaboración de un plan a medio plazo es un elemento esencial en la estrategia de recuperación y de fortalecimiento del crecimiento a medio plazo al contribuir a dar seguridad y transparencia a todos los agentes económicos y permitir un mayor control de la ejecución presupuestaria y aplicación e impacto de las medidas adoptadas”.