En un informe hecho público hoy por esta organización, Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno paquistaní está permitiendo que los consejos tribales o yirgas resuelvan disputas, tales como las que afectan al honor o los asesinatos y muertes por venganzas familiares.

A juicio de esta organización, el gobierno debería abordar "urgentemente la revisión y reforma del sistema oficil de justicia penal para aumentar su eficacia e independencia, lo que permitiría recuperar la confianza de los ciudadanos".

Recientemente, una mujer paquistaní fue condenada por un consejo tribal a que varios hombres la violasen como castigo por una presunta afrenta de honor cometida por su hermano.

En este sentido, AI explica que, "si el Gobierno paquistaní pretende afrontar con seriedad su obligación de proteger los derechos humanos, debe garantizar que las yirgas dejen de abusar de los derecho de las personas".

Este informe pone de manifiesto casos concretos que demuestran que los tribunales tribales abusan del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona, a un juicio justo y a no ser torturado, maltratado o discriminado.

Según esta organización, el Estado no toma medidas cuando las decisiones de las yirgas se traducen en asesinatos, violaciones u otros abusos. Muchos jefes tribales son también parlamentarios o funcionarios de la administración pública.

Esta sitación, denuncia el informe, se debe a que el sistema de justicia oficial se considera caro e ineficaz y a que la corrupción en el seno de la policía y del poder judicial es muy alta y compromete gravemente al sistema oficial.