Según denuncia la ong, los tribunales de excepción que han condenado a estas 88 personas se crearon a partir de un estado de excepción declarado en Sudán en 1998, y denuncian que burlan la Ley de Procedimientos Penales de ese país.

Los condenados podrían morir ahorcados o crucificados en los próxims días si la comunidad internacional no presiona con fuerza ante esta "injusticia".

A juicio de ésta organización, el Gobierno de Sudán debe ahora garantizar que no se ejecuten las condenas contra los acusados porque los procesos carecen de seguridad jurídica.