Aguirre aprovechó para hacer esta reclamación durante el acto de la firma de un convenio con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para desmantelar los núcleos chabolistas históricos de El Cañaveral (Vicálvaro), Mimbreras II (Latina), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y El Ventorro (Villaverde).

La responsable regional mostró su "enorme preocupación" por los nuevos asentamientos del norte de la región, que en su mayoría son de rumanos. Trasladó a la delegada del Gobierno su felicitación porque "me consta que se está preocupando de este asunto", pero dijo que "tenemos que extremar la prudencia, porque si se consiente el asentamiento, luego es muy difícil actuar".

Según Aguirre, generalmente estos asentamientos se instalan en zonas que son riberas de los ríos o cañadas, con lo que cuando después llueve, se producen riadas y aparecen importantes problemas de marginalidad.

"Es imprescindible que no permitamos que se consoliden esos asentamientos", insistió Aguirre, quien pidió a Mestre y a Rubalcaba "que extremen la prudencia en este asunto" y que "por favor tengan una especial atención", porque, "si no, nos encontraremos con situaciones como las que ya son perfectamente conocidas en la Comunidad de Madrid".

CAÑADA REAL

Durante la firma del convenio entre Aguirre y Gallardón para erradicar el chabolismo, los dos dirigentes excluyeron a la Cañada Real Galiana del problema del chabolismo en la capital y en la región, y ni siquiera la tuvieron en cuenta a la hora de contabilizar las chabolas que hay en la capital y en la región ni en las actuaciones que se llevarán a cabo en el futuro para acabar definitivamente con la infravivienda.

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Nacho Murgui, que acudió a la firma de este convenio, criticó que no se tenga en cuenta a La Cañada, cuando es uno de los asentamientos ilegal más grandes, y exigió que se dé una solución urgente.

Volvió a pedir a las Administraciones públicas implicadas que se sienten en una mesa, en la que estén representados también los vecinos de La Cañada, para tratar la urgencia de algunos problemas que se viven allí, como el acceso a equipamientos básicos, a derechos básicos y a unos mínimos de salubridad.

A su juicio, Aguirre y Gallardón no incluyen este asentamiento en los convenios por la magnitud del mismo y porque es complejo, ya que allí hay infravivienda y vivienda de ladrillo. Recordó que son 35.000 personas las que se calcula que viven en La Cañada y "el abordar ese tema requeriría de una implicación muy amplia de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y los diferentes municipios afectados, y también de la Administración estatal".

NO HAN PEDIDO AYUDA

Por su parte, Javier Ramírez, director gerente del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), organismo dependiente de la Comunidad de Madrid encargado de los realojos, dijo a la prensa que la competencia de erradicar el chabolismo es de los ayuntamientos y que el IRIS sólo presta su ayuda cuando lo piden los ayuntamientos.

Aseguró que ningún ayuntamiento de los afectados por La Cañada Real Galiana ha pedido ayuda al IRIS para erradicar este asentamiento. Reconoció que La Cañada es un problema en el que deberán entrar las administraciones, pero insistió en que la competencia la tienen los ayuntamientos.

A juicio de Ramírez, La Cañada Real es fundamentalmente un problema de urbanismo que lleva muchos años y en que tendrán que entrar las administraciones. Aseguró que el 90% de las viviendas que hay allí son normales, de ladrillo, y están ocupadas por gente que no quiere el realojo.