El decreto establece también un sistema más sencillo que el vigente para reservar viviendas del IVIMA a personas que se encuentran en una situación de especial necesidad. Además, la nueva normativa crea un mecanismo de adjudicación de emergencia social para acontecimientos extraordinarios como derrumbamientos, catástrofes naturales o actos de terrorismo que requieran la intervención pública inmediata.

El límite de ingresos familiares para acceder a una vivienda protegida en arrendamiento del IVIMA está fijado en 15.000 euros anuales (2,5 veces el IPREM), una cuantía que al no modificarse desde hace seis años está impidiendo que demandantes de vivienda pública con rentas bajas pudieran acceder a una vivienda. Con el nuevo decreto se corrige esta situación de forma que mayor porcentaje de población pueda acceder a estas viviendas protegidas.

Asimismo, se simplifica el sistema de adjudicación por sorteo al crear un único cupo general por ingresos, aquellos que no superen las 3,5 veces el IPREM, frente a los tres cupos existentes en la actualidad, lo que permitirá que las promociones cuenten con una mayor heterogeneidad social que facilite la integración y buena convivencia.

Las personas que se encuentren en una situación de especial necesidad también podrán acceder a una vivienda pública de la Comunidad a través de un baremo que tendrá en cuenta su situación personal y que simplifica el procedimiento vigente.

Con el nuevo procedimiento se valorarán las circunstancias económicas, las minusvalías, las cargas familiares, los casos de violencia de género y otras circunstancias de especial gravedad.

Se consideran de especial necesidad las personas que habiten infraviviendas, que vayan a ser desahuciadas por causa no imputable a ellos o aquellas que sufran una situación personal grave que hagan necesario el cambio de vivienda, entre otras circunstancias. Estas personas también tendrán que cumplir los requisitos básicos de acceso.

Otra novedad del decreto es la creación de un sistema de adjudicación de viviendas públicas debido a una emergencia social que requiera la intervención de la administración pública.

El Gobierno podrá adjudicar viviendas públicas a los afectados por un acontecimiento extraordinario que dejase sin vivienda o en una situación de especial gravedad a algún individuo o grupo social. Además, el IVIMA podrá adoptar medidas que favorezcan la integración de los inquilinos mediante la intervención de asistentes y educadores sociales en sus promociones.

El IVIMA, que es el mayor promotor público de vivienda de España, cuenta con un parque de más de 23.000 viviendas dispersas por toda la Comunidad, además de garajes y locales comerciales, lo que equivale al parque de viviendas de la ciudad de Segovia.