La nueva norma permitirá aprovechar las “nuevas oportunidades” que ofrece la normativa de la Unión Europea con el objetivo de “mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad medioambiental” del sector.

Estos avances se podrán realizar a través de las acciones que las organizaciones pueden llevar a cabo de las recogidas en el reglamento de la organización común de mercados de los productos agrarios. Las medidas se podrán dirigir a atajar las debilidades del sector, principalmente para incrementar la dimensión económica y social de las explotaciones, y mejorar así su contribución al tejido de las zonas rurales donde se asientan.

Asimismo, las organizaciones se podrán acoger a los apoyos que se desarrollen en el marco de la futura intervención sectorial del olivar tradicional, que España ha decidido implementar, y que dispone de un presupuesto de 30 millones de euros anuales. El proyecto de real decreto estará sometido a información pública del 9 de febrero al 1 de marzo.