La organización ecologiststa inició hoy en Madrid un seminario internacional para analizar los efectos de la denominada "eco-condicionalidad" en la agricultora europea y, en concreto, en la española. En la reunión participan u centenar de personas, entre ellos representantes de la Comisión Europea y de los ministerios de Agricultura de España, Francia, Dinamarca, Suecia, Suiza y EEUU.

Guy Beafoy, experto en política europea del WWF/Adena, aseguró en rueda de prensa que los agricultores españoles podrían reducir considerablemente muchos de los impactos ambientales que provocan si aplican códigos de buenas prácticas agrarias.

En este sentido, recordó que la agricultura española provoca cada año la pérdida de 80 millonesde toneladas de suelo, problemas de sobreexplotación de acuíferos y contribuye al envenanimiento de miles de aves, algunas de ellas especies protegidas.

El concepto de "eco-condicionalidad" se introdujo en la reforma de la Agenda 2000 que se acometió en 1999, para supeditar las cuantiosas ayudas que la UE concede a la agricultura, cifradas en 8 billones de pesetas anuales.

La agricultura española recibe cada año cerca de un billón de pesetas procedentes de las ayudas de la PAC. Según WWF/Adena, prte de estas subvenciones desaparecerán si no se introduce la "eco-condicionalidad" en las explotaciones intensivas, ya que el incumplimiento de este mandato puede motivar la presentación de demandas ante el Tribunal de Luxemburgo.

Sin embargo, el director de Conservación de WWF/Adena, Pablo Xandri, indicó que, a pesar de esta amenaza, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación todavía no tiene decidido cómo implantará y supervisará el cumplimiento de los criterios ambientales que establece laAgenda 2000.

En algunos países comunitarios la aplicación del concepto de "eco-condicionalidad" ya ha motivado la imposición de sanciones a agricultores y ganaderos que han provocado impactos sobre el medio ambiente, según Jan-Erik Petersen, coordinador del informe que ha elaborado el Instituto Europeo de Política Ambiental en relación a este asunto.

Reino Unido, Francia, Holanda, Grecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda ya han aprobado programas y normativas que incluyen códigos de buenas práctica agrarias, aunque sólo en Irlanda, Reino Unido y Dinamarca las exigencias impuestas tienen un alcance significativo.

En España, Petersen señaló que la Administración central todavía no ha desarrollado una normativa específica y se ha limitado a proponer pautas de carácter voluntario.