Interior les ha comunicado que el próximo 1 de octubre finalizará la moratoria que les ofreció el año pasado para que el sector se fuera adaptando a la norma, y que no va a haber “una orden ministerial que limite y aclare el alcance” de la medida, según el comunicado.

Las tres asociaciones consideran “inaceptable” que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska “haya tomado esta decisión desoyendo sus advertencias, a sabiendas de que esta medida abocará a las agencias de viajes a una situación grave de inseguridad jurídica por imposibilidad objetiva de cumplir con la normativa vigente”.

Urgen a Interior a que reconsidere la decisión, porque les resulta “imposible cumplir con los requerimientos de información en muchas operaciones en el plazo fijado por la norma, dado que las agencias no detentan todos los datos solicitados y dependen de otros proveedores (alojamientos o empresas de transporte) para conseguirlos”.

Prevén un elevado número de agencias de viajes sancionadas a corto plazo “por aplicar incorrectamente las confusas instrucciones que recoge el decreto” y un “colapso de los medios administrativos de las agencias, que en España son en su mayoría son pymes y micropymes”.

“Estas gestiones requerirán ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales exclusivamente dedicados a esta función, lo cual exige una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas”, indica el comunicado, en el que también se augura una “seria afectación comercial” porque “los mercados internacionales han mostrado su preocupación por el elevado volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se realizará de los mismos”.