En la jornada, impartida por José Merino, asesor jurídico de Coapimadrie-AIM, se destacó que este "desequilibrio" se observa en diferentes aspectos de la nueva legislación, que introduce el concepto de vulnerabilidad y amplía los plazos del procedimiento para el desahucio, "dificultando las opciones de recuperación de la vivienda o de restitución de rentas impagadas. En este contexto, la reforma introducida por la nueva Ley de Vivienda en los desahucios favorece la 'inquiokupación'”.

Asimismo, Merino indicó que lo que ha producido esta reforma es “una reducción de la oferta de inmuebles en alquiler para vivienda habitual, con subidas muy elevadas de las rentas, ya que actualmente los propietarios se encuentran en una situación muy compleja para ofrecer los inmuebles en alquiler para vivienda habitual”.

Dijo que la consideración de la vulnerabilidad del inquilino, haber acudido previamente a una conciliación o acreditar si el inmueble es vivienda habitual, son algunas de las nuevas exigencias que tienen que analizar los juzgados para admitir las demandas de desahucio, “lo que está provocando desde mayo de 2023 unas dilaciones excesivas en el trámite de admisión, independientemente de la cuantía de los procedimientos”.