El presidente de FAI, José María Alfaro, subrayó que “existe mucha incertidumbre, en estos momentos, entre los pequeños arrendadores, que son la gran mayoría”, y lamentó que “las prisas electorales hayan dado luz verde a una ley que lejos de atajar de raíz el grave problema que existe en España con el alquiler de vivienda lo agravará".

Al respecto, Alfaro insistió en que “acabará siendo contraproducente y afectando a los propios inquilinos, aparte de a los pequeños propietarios que son los que ponen el 95% de la oferta en el mercado”.

FAI recordó que, con la nueva ley, los inquilinos “con menor solvencia, capacidad de pago o estabilidad laboral lo tendrán aún más difícil si cabe para alquilar”, ya que “el casting de inquilinos se endurecerá, debido a la inseguridad generada en los arrendadores”.

Asimismo, subrayó que “los inquilinos tendrán que depositar y garantizar más cantidad de fianza o avales. Hasta ahora la media era de uno y dos meses, y ahora tenderán a elevarse al máximo que permite la ley, que son tres” y los arrendadores “verán minorada su rentabilidad por menor incentivo fiscal y mayor riesgo de extensión del plazo para recuperar las llaves de la vivienda ante un impago”.

También los inquilinos “tendrán menos poder negociador en los contratos de arrendamiento y mayores dificultades para poder arrendar una vivienda que se adecue a sus necesidades o circunstancias personales”, mientras que los arrendadores, en zonas tensionadas, “invertirán menos para mantener y rehabilitar las viviendas alquiladas”.

“Como consecuencia del mayor coste de gestión para los arrendadores, los inquilinos deberán comprometerse a un mayor período de arrendamiento mínimo, y por tanto habrá menos contratos de un año y menos rotación en la oferta de vivienda”, explicó FAI.

Además, según el análisis de las agencias inmobiliarias, los arrendadores “tenderán inicialmente a autogestionarse para ahorrarse costes de gestión adicionales y esto se traducirá en un aumento de la economía sumergida en el sector”, mientras que los inquilinos “sufrirán y pueden ser víctimas de engaños, estafas o condiciones abusivas, al no disponer de un profesional que medie en el alquiler asegurando condiciones más equilibradas”.