El nuevo REO se aplicará este año a 420.000 contribuyentes de 13 sectores, entre los que figuran bares, cafés, restaurantes de uno y dos tenedores, comercio al por menor de productos alimenticios, farmacias, taxistas y tabernas.

El decreto que regulará el IRPF que pagarán estos empresarios será públicado en el Boletín Oficial del Estado antes del día 29 de este mes y el plazo para inscribirse en él terminará el 31 de marzo. Los criterios para determinar la cuantía de los impuestos a pagar por estos empresarios no serán únicamente su volumen de ventas, sino que incluirán también datos como el número de empleados, la superficie del negocio y el importe de la compras.

Serán los empresarios que no quieran darse de alta en este régimen los que se verán obligados a llevar una contabilidad estricta y a justificar documentalmente ante los inspectores de Hacienda que sus ingresos son inferiores a los que resultarían de aplicales el REO.

COMBATIR EL FRAUDE

Según explicó Juan Manuel Betés, el propósito de Hacienda al poner en marcha este sistema es combatir el elevado fraude cometido por los pequeños y medianos empresarios y aumentar la recaudación del Fisco.

De acuerdo con los datos de Hacienda, el rendimiento medio declarado por los empresarios en 1989 fue de 1.018.297 pesetas, (unas seiscientas mil pesetas menos que los asalariados) y sólo un 10 por ciento reconoció ingresos superiores a los 2 millones.

El pln de Hacienda es ampliar este sistema durante 1993 a otros 14 sectores, como el transporte de mercancías y viajeros por carretera; las fábricas de pan y pastelería; el comercio al por menor de prendas de vestido, calzado y mercería; hoteles, moteles, hostales y pensiones, talleres de reparación de vehículos y peluquerías.

El proceso culminará en 1994, con la extensión del régimen a otros sectores todavía por determinar. Según Hacienda, en España hay 1.300.000 empresarios susceptibles de acogerse al sitema de estimación objetiva.

Según Betés, el éxito del nuevo sistema, dada la simplifiación de las tareas de comprobación que supone, permitiría destinar más inspectores a perseguir el fraude cometido por "sujetos de mayor capacidad económica".