Entre los investigados figuran Francisco Ayuso Lozano, director adjunto del SVA, que cesó hace una semana, y Antonio Núñez Saavedra, que fue coordinador de actuaciones aeronavales y hoy es jefe de dotación en La Coruña.

Según la Ser, Antonio Núñez es la persona que dio el visto bueno para la compra de embarcaciones que casi no han sido utilizadas en la lucha contra el narcotráfico, debido a que sus características no son las adecuadas.

Las mismas fuentesindicaron que varias empresas que han construido naves para el Servicio de Vigilancia Aduanera se declararon en quiebra poco después de entregar las embarcaciones, lo que ha impedido la presentación de reclamaciones en casos de buques poco o nada operativos.

En el informe que está elaborando la Agencia Tributaria se hace referencia también a la relación empresarial entre algunos altos cargos del SVA -al menos tres- y personas vinculadas al narcotráfico gallego. Se trata, según la Cadena Ser, de Antoni Núñez y de los capitanes Enrique Suárez Vázquez, jefe de Operaciones Marítimas, y Gonzalo Cagigas Bonilla, asesor naval del SVA.

Siempre según las mismas fuentes, estas tres personas estarían relacionadas con Juan Carlos Barreto, a quien las fuerzas se seguridad vinculan con las mafias del narcotráfico y con el 'capo' gallego 'Sito' Miñanco.

A Barreto se le atribuye el diseño y la construcción de algunas de las planeadoras que utilizan las redes del narcotráfico. Además, según consta en algunos nformes del propio Servicio de Vigilancia Aduanera, Barreto ha sido visto en compañía de algunos contrabandistas dentro de sus propias embarcaciones.

La relación de los altos cargos del SVA con Barreto se establecería a través de un entramado empresarial. Una de estas empresas, Iberica Off Shore, dedicada al diseño y construcción de barcos, es propiedad de las esposas de Barreto, Núñez, Suárez y Cagigas, según la Ser. Un año después de su constitución fue nombrado consejero delegado de esta empresa elpolítico gallego Pablo González Mariñas, ex consejero de la Presidencia en la Xunta.

DENUNCIAS ANONIMAS

Por su parte, Manuel Lamela, jefe de gabinete de la Agencia Tributaria, confirmó a esta cadena radiofónica la existencia de una investigación, que comenzó a raíz de varias denuncias anónimas y de alguna organización sindical.

"Existe esa investigación y no se pueden desvelar datos específicos de la misma porque el informe, por ley, tiene carácter de reservado. El informe es de dos tomos; tendá probablemente mil folios o más", agregó.

En la actualidad, este informe está en manos del servicio jurídico de la agencia, que está valorando las conductas descubiertas para dictaminar si pueden ser constitutivas de delitos o se trata de infracciones administrativas. En caso de que se vean indicios de delito, los datos se pasarán al ministerio fiscal.

"La Agencia Tributaria está absoluta y firmemente decidida a llegar al fondo de los hechos y esclarecer todas las responsabilidades que existan, rocediendo en consecuencia tanto en vía administrativa como en vía judicial, si procede", agregó Lamela.

"Se trata, indudablemente, de un hecho aislado que está perfectamente focalizado en un ámbito muy concreto del SVA, y en modo alguno podemos entender que esto deba deteriorar la imagen de un colectivo que está formado por más de 1.800 personas, todos ellos magníficos profesionales, que se juegan la vida muchas veces, día a día, en la persecución del contrabando y en prestar auxilio a los órganos juiciales".