Los defraudadores detectados fueron 53.189, lo que supone un incremento del 57 por cien respecto al ejercicio pasado, y las actas de inspección levantadas se situaron 160.291, con un aumento del 49,6 por cien.

Por tributos, el fraude se elevó a 95.114 millones de pesetas en el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas, a las que se levantaron 11.913 actas de inspección por este motivo, con una deuda impagada media de 7,89 millones.

El descubierto en el IRPF ascendió a 83.585 millones, con unfraude promedio de algo más de un millón de pesetas. El resto se repartió como sigue: 71.326 milloens en el IVA, 27.866 millones en las retenciones del trabajo personal, 48.509 millones en retenciones de capital mobiliario y 12.559 millones en otros tributos.

Por otra parte, la Agencia Tributaria abrió expedientes por delito fiscal a 54 conntribuyentes (frente a 28 en 1991), con una cuota oculta estimada en 8.803 millones. Los tribunales disctaron 32 resoluciones, 11 absolutorias y 21 condenatorias. Además de las actuaciones inspectoras, la Agencia Tributaria efectuó controles masivos a través de su sistema informático, con los que pudo detectar una deuda tributaria adicional de 42.846 millones.

De esa cantidad, 11.863 millones de pesetas fueron recaudados como consecuencia de 337.333 liquidaciones paralelas del IRPF a otros tantos contribuyentes a los que Hacienda obligó a firmar una declaración de la renta distinta de la realizada por ellos, al contener ésta último errores voluntarios o invountarios.

Asimismo, los requerimientos dirigidos a profesionales y empresarios cuyas autoliquidaciones no "cuadraron" con los datos del Fisco originaron ingresos de 27.965 millones de pesetas, un 215 por ciento más que en ejercicio anterior.

Finalmente, los cruces informáticos permitieron también recuperar 1.659 millones ocultos por falta de declaración en el Impuesto de Sociedades y 1.359 millones por no realizar los pagos fraccionados del IRPF.

En su comparecencia, Zabalza reconoció que lamorosidad fiscal acumulada (el conjunto de impuestos no pagados a Hacienda y cuya reclamación mantiene el Fisco) ascendía a finales del año pasado a 736.402 millones de pesetas.

Además, la delicada situación económica hizo aumentar la solicitud de aplazamiento de pago de impuestos, hasta sumar 206.560 millones de pesetas en los nueve primeros meses del 92.

Zabalza explicó que estos aplazamientos corresponden principalmente a pagos del Impuesto de Sociedades cuya demora las empresas se ven obligads a solicitar ante los problemas que atraviesan actualmente.

FRAUDE HOMOLOGABLE

El secretario de Estado de Hacienda calificó de "excelentes" los resultados de la Agencia Tributaria en el 92 y aseguró que el fraude fiscal está ya en España a los mismos niveles que en el resto de los países europeos.

Adujo como prueba que sería imposible conseguir la recaudación que obtiene la Agencia Tributaria si el grado de cumplimiento fiscal fuese en nuestro país sensiblemente inferior a la media comunitaria

No obstante, advirtió que las prácticas fraudulentas serán cada vez más difíciles de llevar a cabo con éxito, dado el volumen de información de que dispone el sistema informático de la Agencia.

Señaló, a este respecto, que están controlados 34,7 millones de contribuyentes y 713 millones de cuentas bancarias. En 1992, Hacienda cursó 1.400 requerimientos de información a entidades financieras, otros 2.400 por operaciones mercantiles concretas y 200 expedientes de intercambio de información con autridades de países extranjeros.

Por otra parte, Zabalza reiteró el propósito del Gobierno de ultimar el texto de la nueva Ley General Tributaria antes de que termine la legislatura y de reformar la tipificación del delito fiscal en el nuevo Código Penal.

Explicó que, de la citada ley, Hacienda extraerá un documento con los derechos de los ciudadanos frente al Fisco, que difundirá para general conocimiento a guisa de Estatuto del Contribuyente.

El secretario de Estado de Hacienda restó importacia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula varias artículos del Reglamento de Inspección de Hacienda. Precisó que lo único que establece es que los inspectores no pueden actuar en las empresas o en los despachos profesionales fuera del horario y el calendario laboral habitual.