En un comunicado, la Aesan defendió que dicha evaluación es “una parte esencial de la seguridad alimentaria” y se basa en conocimientos científicos “contrastados y transparentes”, lo que, a su juicio, “permite aumentar la confianza de la ciudadanía”.

A este respecto, añadió que la evaluación de riesgos alimentarios es la determinación de los efectos “adversos” para la salud que pueden derivarse de la exposición a “peligros” de origen alimentario, constituye la base para la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutrición y es uno de los tres componentes del análisis del riesgo en los que deben basarse las políticas de seguridad alimentaria, junto a la gestión y comunicación de los mismos.

Las solicitudes de evaluación las pueden cursar los gestores de riesgo de las administraciones públicas, cuando necesitan basar sus decisiones en “evidencias científicas”, o también empresas que precisan “demostrar la seguridad de sus productos”. A nivel nacional, uno de los órganos que realizan evaluaciones de riesgo es el Comité Científico de la Aesan, integrado por especialistas en seguridad alimentaria y nutrición elegidos por su “excelencia e independencia”, según la agencia, y a nivel de la Unión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también realiza evaluaciones de riesgo alimentario.

Estas evaluaciones se utilizan como base para establecer la legislación alimentaria, mejorar los controles oficiales de los alimentos, autorizar la comercialización de productos o hacer recomendaciones a los consumidores y operadores económicos y, para realizarlas, los expertos requieren información tanto de consumo de alimentos como de presencia de contaminantes u otras sustancias “indeseables” en los alimentos así como datos de composición de los mismos.

Por lo que respecta a los contaminantes, comparando la exposición a contaminantes con valores de referencia toxicológicos o valorando la presencia de microorganismos patógenos, los especialistas pueden estimar el riesgo asociado a distintos alimentos. Los datos de presencia de contaminantes y de identificación de microorganismos pueden proceder de los programas de control oficial de alimentos o de las empresas alimentarias.