El presidente de la Agencia, Artemi Rallo, explicó hoy que el objetivo de estos planes es comprobar si las prácticas son acordes a la ley de protección de datos y sancionar a quienes la infrinjan. Estas sanciones pueden ser actuaciones ejecutivas (cese de actividad) o económicas, con multas de entre 600 y 600.000 euros.

Con respecto a la publicidad, Rallo hizo referencia al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), primero en el que se incluyeron datos relativos a la protección de datos.

Según este documento, el 68,2% de los españoles ha recibido en alguna ocasión una llamada de teléfono o un SMS de móvil con fines publicitarios de alguna entidad a la que no tiene constancia de haber revelado sus datos personales. Sólo un 26,4% no ha recibido nunca este tipo de llamadas.

Además, el 79,9% asegura haber recibido "spam" o correos electrónicos no deseados. "No se tiene plena conciencia de los daños que entraña Internet, sobre todo cuando no se conoce bien la tecnología", dijo Rallo. De hecho, el barómetro refleja que más del 75% de los encuestados desconfía del uso de la web, especialmente cuando tiene que dar el número de su tarjeta de crédito.

Además, el 56,1% reconoce que no tiene en cuenta la casilla que, en los panfletos y páginas publicitarias, hay que rellenar si no se desea ceder los datos personales.

Según Rallo, muchas veces "los ciudadanos pasan por alto las cláusulas informativas que dicen que sus datos pueden ser cedidos y, por lo tanto, se ceden de forma tácita". No obstante, reconoció que muchas entidades, como operadores de telefonía y bancos, utilizan los datos, sin permiso del ciudadano, para hacer campañas de publididad.

Los datos muestran que sólo uno de cada 100.000 internautas lee la política de privacidad de las páginas que visita o en las que inserta sus datos.

200 DENUNCIAS SOBRE VIDEOVIGILANCIA

El plan referido a la videovigilancia parte de las cerca de 200 denuncias que la Agencia ha recibido desde diciembre de 2006 por cuestiones relacionadas con su uso.

Según Rallo, la mayoría están motivadas por la existencia de cámaras en lugares que se consideran inapropiados, como el lugar de trabajo, las comunidades de vecinos, las bibliotecas o calles y plazas.

En este sentido, Rallo puntualizó que el estatuto de los trabajadores permite la instalación de medidas de seguridad, como cámaras, en las empresas. No obstante, la ley de protección de datos vincula su empleo de modo que no vulnere la privacidad de los trabajadores y a su registro en la Agencia de Protección de Datos (que ha de ser informada de su instalación).

De hecho, muchas denuncias se deben a que la instalación de las cámaras no está debidamente señalizada, a pesar de que la ley de protección de datos establece que ha de informarse de la colocación de una de estas cámaras.

Rallo apuntó que la demanda de cámaras de seguridad ha supuesto una "explosión": en enero de 2007, 700 entidades habían declarado tenerlas instaladas en su empresa; sólo en 2007 esa cifra aumentó en 7.000.

El CIS revela que el 73,2% de los españoles está de acuerdo con la instalación de cámaras en bancos, hospitales, transportes, guarderías y colegios. Sin embargo, el mismo porcentaje incide en la importancia de que se controle la difusión de dichas imágenes a través de la televisión o de Internet.

Según el barómetro del CIS, el 52,4% de los españoles conoce la existencia de la ley de protección de datos y el 46,6% la de la Agencia. El 76,1% nunca ha solicitado que se cancelen sus datos personales de un registro (para darse de baja en un servicio o no recibir una publicidad). De los que lo han hecho, el 50% tuvo dificultades para lograrlo.