Así lo afirmó hoy, en un encuentro con la prensa, el presidente de la Agencia, Artemi Rallo, preguntado acerca de la creación de un registro de estas carácterísticas. Un debate avivado tras conocerse el caso de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Rallo dijo que "una razón social basada en la demanda de seguridad puede legitimar esta acción normativa". "Eso sí, la mejor forma de hacerlo es a través de la ley", es decir, de una reforma legislativa, "para que no se planteen dudas sobre su legitimidad", añadió.

En opinión de Rallo, el acceso a este tipo de registros no debería ser universal, sino que debería estar limitado al uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Más allá de este uso, "habría que ser escrupulosos con los principios que adornan la ley de protección de datos: la finalidad y la proporcionalidad", señaló.

En este sentido, matizó que, por ejemplo, podría permitirse el acceso a esta información a algunos ciudadanos que así lo solicitaran, previa autorización de un juez o un responsable.

Finalmente, Rallo puntualizó que, en casos como el de Mari Luz Cortés, en los que el presunto homicida no ha cumplido una condena, o en aquellos en los que ni siquiera hay una sentencia, el principio de presunción de inocencia "debilita la exigencia de seguridad".