En su intervención en la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso, en la que se debatió sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, Piñar destacó que cuando se difunde un supuesto caso de dopaje, el deportista afectado se ve estigmatizado durante el resto de su carrera profesional. De ahí la importancia de identificar a los responsables de las filtraciones de dopajes que resultan ser falsos.

Como responsable de la Agencia Española de Protección de Datos, Piñar se mostró de acuerdo con el proyecto, en el que se han incluido todas las sugerencias remitidas por la entidad que preside, con excepción de algunas cuestiones "secundarias" y de carácter técnico.

Por otro lado, Piñar se manifestó en contra de que los datos e informaciones relacionadas con el historial médico de los deportistas se incluyan en un registro central. A su juicio, estas grandes bases de datos entrañan un riesgo, dado que es más difícil controlar y limitar el acceso a dichas informaciones.

En este sentido, señaló que los datos clínicos (tratamientos a los que ha sido sometido el paciente, enfermedades que ha padecido, medicamentos que ha tomado, etcétera) deben ser "especialmente protegidos", ya que se refieren al ámbito de la intimidad personal.

Por ello, apostó por el respeto a los principios de "seguridad, proporcionalidad y finalidad" en el acceso a los datos y en la aplicación de las sanciones.

Finalmente, Piñar valoró la aportación que hace el texto al requerir la autorización de las autoridades españolas para la transferencia de datos a otros países, y el hecho de que el acceso a los datos sobre el deportista quede subordinado a la autorización del implicado.

SANCIONES MÍNIMAS

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, José Rodríguez García, recalcó que, en su opinión, deberían rebajarse en el texto las sanciones mínimas de dos años para la primera infracción.

Según apuntó en su comparecencia ante la comisión, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso. De este modo, hay ocasiones en que se tendría que rebajar esta sanción, ya que, en la práctica dos años de suspensión "equivale a una sanción a perpetuidad".

Además, insistió en que sólo debe sancionarse al deportista cuando sea él el culpable y responsable del dopaje, y deberá ser "exonerado y no sancionado" cuando no lo sea.

Por otro lado, Rodríguez planteó la posibilidad de que, cuando se demuestre realmente dicha culpabilidad, se le retiren al deportista las medallas y premios conseguidos a lo largo de su carrera.

A su juicio, "la lucha contra el dopaje debe ser equilibrada" y en ella deben defenderse los derechos de los implicados. En este sentido, estimó que en el proyecto se avanza en cuanto a la localización de los deportistas para efectuarles un control.

Con ello se refería a que, en el texto, se establecen ciertas franjas horarias en las que no se podrán llevar a cabo estos controles, para preservar la intimidad personal y familiar del deportista.

Finalmente, Rodríguez pidió el despido de quienes difundan información falsa y manchen injustamente el nombre de un ciclista, ya que aunque posteriormente se demuestre su inocencia, el deportista será "condenado" ante la opinión pública.

Por su parte, el secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, puso el acento sobre la posibilidad de que el Consejo modifique su código deontológico para ayudar a perseguir el dopaje.

Asimismo, defendió que los controles contra el dopaje se extiendan al Sistema Nacional de Salud, ya que, en este caso, "no vale más un culpable libre que diez inocentes en prisión". De este modo, "el ciudadano normal que practique un deporte no podrá practicarlo mientras esté medicado".