El director general de la compañía, José Ramón Zurdo, negó la posición mantenida por el Gobierno sobre que la norma, actualmente en trámite en el Senado, es “buena” para los arrendadores.

En concreto, desde ANA señalaron que el texto “perjudica al derecho de intimidad de los arrendadores” al obligar a los intermediarios a facilitar los datos identificativos del propietario, “incluso antes de que se hubieran formalizado los alquileres a través de una reserva”. Para la compañía, esta cuestión “vulnera claramente” la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Asimismo, apuntaron que la deducción fiscal que tienen los rendimientos netos positivos se rebajan del 60% al 50%, lo que, en palabras de Zurdo, pretende “infligir más coste a los arrendadores que no pasen por el ‘aro’ de bajar sus rentas, o a los arrendadores de las comunidades autónomas que no declaren sus zonas como tensionadas”. La norma incluye deducciones de hasta el 90% si se alquila bajo determinadas condiciones, como una bajada de precio o a personas de hasta 35 años.

También consideraron que la ley introduce “trabas y burocracia” al obligar a los propietarios a disponer de la cédula de habitabilidad, tener los planos de las viviendas y de su ubicación tener las instrucciones de sobre el uso y conservación de las instalaciones, información acerca de la detección de amianto o de otras sustancias toxicas, peligrosas o nocivas, información y planos sobre la superficie útil y construida de las viviendas, información sobre los datos registrales de las viviendas, etc.

Además, indicaron que la norma “aumenta el tiempo y coste para recuperar una vivienda” en los procedimientos de desahucio con “mayores trámites”. En este sentido, apuntaron que los pequeños tenedores “tendrán que costear y solicitar del Registro de la propiedad una certificación que acredite los inmuebles que tienen”.

Asimismo, los grandes propietarios “tendrán que acreditar” que el domicilio habitual de los arrendatarios está en esa vivienda, aunque parezca “inaudito”, y “tendrán que solicitar de los servicios sociales un informe sobre la situación económica de los inquilinos, y antes de acudir a la vía judicial deberán que acudir a procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos.”

También criticaron que las resoluciones judiciales que decreten los lanzamientos deberán “tener fecha y hora exactas” y la prórroga de los lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta dos años.

Sobre las prórrogas, apuntaron que perjudica a los propietarios el incremento de la duración de los arrendamientos de tres años más en las zonas tensionadas, y un año más en zonas no tensionadas, cuando el propietario sea un gran tenedor y el inquilino sea vulnerable.

Por otro lado, enfatizaron la “penalización” que supone la ley para las viviendas vacías al dar la opción de establecer recargos que pueden ir desde el 50% hasta el 150% de la cuota líquida del IBI.

También criticaron los topes a la actualización anual de la renta -2% en 2023, 3% en 2024 y a partir de un nuevo índice en 2025-, el hecho de que los propietarios tengan que asumir los honorarios de las agencias inmobiliarias, el límite de las rentas en las zonas tensionadas y el incremento “artificial” del concepto de gran tenedor, pues la norma da la opción a las autonomías de rebajar de 10 a 5 el número de inmuebles necesarios para ser considerado como tal.