Es la respuesta de la agencia a las medidas anunciadas por el Gobierno, indicando que el hecho de prorrogar “todos los contratos, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de los inquilinos” sólo “tuvo sentido” durante la pandemia.

Además, apuntó que en los nueves meses de vigencia del tope a la subida del precio del 2% en la revisión anual de alquileres, también prorrogada en 2023 y en la que los propietarios no han podido aplicar una subida similar al IPC, estos han perdido “unos 1.800 millones de euros”, pérdidas que ahora serán “mucho mayores” porque no podrán “actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo”.

Zurdo recordó que “más del 93% de los propietarios son particulares”, que “necesitan” este dinero “para compensar la elevada inflación, que también les afecta a ellos”.

Así, apuntó que esta medida de “intervención del mercado del alquiler” es un “claro mensaje” a los propietarios para decirles que “no tendrán ninguna compensación por la pérdida del poder adquisitivo y que la política social de vivienda de alquiler del Gobierno es inexistente, y toda la carga recae en los hombros de los arrendadores”.

Además, señaló que estas medidas “destinadas a sobreproteger al inquilino, terminan siendo una mala consecuencia para los arrendatarios, que les está dificultando enormemente el acceso a la vivienda en alquiler”, pues “hay cada vez menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda”.

Zurdo criticó que el Ejecutivo, vista la dificultad para aprobar definitivamente la Ley de Vivienda, haya decidido “saltarse todas las normas y también a las comunidades autónomas, para ir aplicando contenidos de esta Ley”. “Esta es una medida política que tiene la clara intención que cambiar las reglas de juego, vulnerando por un lado la legalidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), favoreciendo una vez más a los arrendatarios, en detrimento de los propietarios particulares”, lamentó.

Además, subrayó que la medida “ampara a inquilinos, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad, en este caso por una inflación elevada, ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos”.