"Estos decretos, que producen efectos jurídicos al aprobarse, pero que luego pierden validez al suspenderse, solo para ser reactivados nuevamente sin certeza de su continuidad —dependiendo de su convalidación por el Congreso de los Diputados—, no hacen más que agravar la falta de estabilidad", lamentó la ANA en un comunicado.

Asimismo, preguntó al Gobierno que cómo espera que propietarios, inversores o promotores quieran apostar por el mercado de alquiler de viviendas cuando se enfrentan a tantas limitaciones e incertidumbres. Entre estas citó las restricciones en los precios que pueden fijar para el alquiler de sus viviendas, las limitaciones para actualizar las rentas, el aumento de la duración obligatoria de los contratos, la creciente carga fiscal que deben soportar o la falta de protección efectiva contra la okupación.

También aseguró que las promesas "engañosas", como la bonificación del 100% de los rendimientos si fijan sus rentas según el índice de precios de alquiler, no generan confianza y lamentó los interminables procesos legales para recuperar la vivienda en casos de incumplimiento de los inquilinos, que pueden durar hasta dos años.

Por último, la ANA afirmó que para generar "verdadera confianza" entre los arrendadores y fomentar que más viviendas se destinen al alquiler, es necesario abordar los problemas estructurales del mercado. "Solo así se podrá aumentar la oferta de viviendas en alquiler y lograr que las rentas se reduzcan de manera sostenible", sentenció.