Según la organización, el nuevo registro debe responder exclusivamente al espíritu de la norma que acaba de crearlo, es decir, promover a las empresas navieras nacionales a que trabajen en la counidad canaria mediante ventajas fiscales.

Sin embargo, Aetinape advierte que, por el contrario, el registro podrá convertirse en una fórmula que legitime el olvido de condiciones profesionales y socio-laborales dignas, o en una "tapadera" para que las empresas contraten a profesionales de terceros países.

La asociación considera que esta práctica podría perjudicar aún más a los trabajores españoles del sector que "ya están afectados por la drástica desaparición de la flota mercante nacional y lanegativa de la Administración a modificar y homologar un nuevo marco de competencias de los náutico-pesqueros en ese sector, a pesar de los compromisos reiterados de llevarlo a cabo".

En la nota, la asociación tampoco admite que el amparo de este segundo registro "rebaje aún más la ya depauperada vigilancia sobre la seguridad en los buques, en aras de una flexibilidad mal entendida".

Según la organización, los profesionales de la flota española de cabotaje, que conformarán el nuevo registro sufre ya en la actualidad la inseguridad provocada por "el desprecio de la Administración marítima a las normas internacionales de formación, titulación y guardia, promulgadas por la Organización Marítima Internacional en 1978".

Por otra parte, Aetinape critica la nueva resolución dictada por la Dirección General de la Marina Mercante para los llamados patrones de cabotaje restringidos a las Islas Baleares.

Estos títulos, expedidos en su día sin exigencia de preparación alguna, debido a lo que entonce se consideró urgente necesidad de dotar de titulados a la fuerte demanda de buques turísticos que operan en la zona.

Ahora, la Administración exige a los patrones de cabotaje la realización de un cursillo de reciclaje de 91 horas, para poder seguir prestando sus servicios.

La asociación no pone en cuestión la actualización de esos títulos, siempre que cumplan el programa vigente para su obtención en el marco global de una regularización específica de competencias en todo el Estado, con la cual sldrían beneficiados tanto los profesionales como, en definitiva la seguridad de estas embarcaciones, concluye el escrito.