Los ecologistas que se muestran contrarios a la construcción de ese penal por su ubicación y de cualquier istitución penitenciaria por su carácter represivo, iniciarán los actos de protesta al margen de la coordinadora constituida por los alcaldes de la zona, por considerar que los ediles son unos oportunistas.

Según Diego Herranz, miembro de Aedenat, cuando su asociación solicitó la inclusión de los terrenos donde se piensa construir la carcel en el Parque Regional, el Ayuntamiento de Soto, con el actual alcalde, Domingo Eladio Navarro, a la cabeza, se negó a apoyar esa ampliación.

Añadió que el primr edil veía en los terrenos una buena zona para urbanizar chalets, por lo que "resulta irresponsable y oportunista su postura y está claro que no es real la defensa del Medio Ambiente que ahora intenta transmitir para evitar la construcción de una macrocarcel en su municipio", señaló Herranz.

Además, indicó que "no podemos unirnos a la coordinadora en sus movilizaciones porque ellos no están en contra de la construcción de este tipo de instalaciones penitenciarias. Son insolidarios, no les importa quese construyan cárceles, pero se niegan a que sea en su término municipal".

Los terrenos sobre los que está previsto colocar el penal no son bosque, pero se trata de prados que rodean el encinar protegido, y que tienen valores naturales importantes y pastos necesarios y vitales para el desarrollo de la cabaña ganadera de la sierra, según los ecologistas.

Aunque desde el punto de vista legal la zona de la Cuenca Alta del Manzanares protegida sólo incluye la zona de mayor valor ecológico, desde el pnto de vista medioambiental el entorno tiene también un valor protegible y además lo que ocurra en esta zona repercute directamente en la zona de bosque y encinar, según Aedenat.

El Parque regional del Manzanares se convirtió en 1985 en un espacio de 37.000 hectáreas protegidas por su alto valor ecológico. Seis años después, el Parlamento regional decidió aprobar una Ley de ampliación del Parque con lo que este ganó 9.000 hectáreas pasando a disponer de 46.000 con una protección especial.

En 1990 cuando se aprobó la ampliación del Parque, Aedenat propuso la inclusión de la finca objeto ahora de la polémica dentro de un proyecto que señalaba una ampliación del parque superior a las 9.000 hectáreas finalmente acordadas.

La mayor oposición a esa ampliación la recibieron los ecologistas de parte de los alcaldes de la zona. Según Herranz, el alcalde de Soto fue el más radical en mostrarse contrario a su proyecto.