La elección de esta localidad como punto de ubicación de la incineradora, después del rechazo de Cazalegas y Seseña, ambas en la frontera toledadna con Madrid, está basada en la imposibilidad de instalarla en la Comunidad de Madid (CAM), ya que los acuerdos entre PSOE e IU, las fuerzas políticas que dirigen el gobierno de la CAM, así lo prohiben, a pesar de estar aprobada en los Planes Autonómico y Nacional de Residuos Tóxicos.

La Asociación Ecologista solicita una ley de prohibición de la incineración de residuos peligrosos y urbanos y la elaboración de un Plan Autonómico de residuos tóxicos y peligrosos basado en la precaución y prevención para evitar su generación. Además insisten en el desarrollo de las llamadas 'tecnoloías limpias'.

En opinión de AEDENAT la correcta gestión de los resíduos es un problema de no impedir que se produzcan, de ahí la necesidad de un Plan de Prevención de la contaminación tóxica para dejar de producirla.

La prohibición de incinerar junto con la elaboración de dicho Plan de prevención son la garantía no sólo para impedir los negocios de los traficantes y gestores de basuras tóxicas, sino también para reconvertir ambientalmente las actividades e industias contaminanates en empresas lipias, no sea que Castilla-La Mancha se convierta en "importadora de busura y exportadora de agua".