En un auto de 14 de junio de 2005, al que tuvo acceso Servimedia, se explica que, "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, procede su admisión a trámite y la incoación de diligencias previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias".

La querella afecta a José María Isardo (director gerente), Alberto Durán (secretario general), Pedro Varez (subdirector gerente) y Dolores Prior (directora de Recursos Humanos). En el auto se fija la fecha del 8 de septiembre para que declaren los primeros testigos.

Un portavoz de los trabajadores declaró a Servimedia que "desde hace aproximadamente dos años la Dirección de la Cámara viene vulnerando nuestros derechos laborales sin tener en cuenta a nuestro sindicato y negándonos el derecho a celebrar reuniones, fuera del horario laboral, en un salón de la institución".

Explicaron que entre las "muestras de trato discriminatorio y vulneración de los derechos hacia nuestro colectivo" está la "modificación unilateral del reglamento de personal por el que rige nuestro colectivo, que es anterior al Estatuto de los Trabajadores y viene aplicando la Cámara cuando le interesa".

Asimismo, citaron el "cambio de horario sin negociación ni compensación económica, la eliminación de la paga de productividad y la congelación salarial en los años 2004 y 2005", sin tener en cuenta la subida del 3,1% fijada por la Administración regional, que sí ha aplicado al personal laboral.

Tras explicar que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Cámara a pagar a estos trabajadores la subida del IPC, destacaron que "estamos sufriendo sistemáticamente acoso en el trabajo, amenazas y coacciones", y quehay "trece empleados dados de baja por depresión".