El texto remitido a la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja, al ue ha tenido acceso Servimedia, es copia de un escrito que el Ministerio envió en respuesta a una solicitud del propio Rato, firmado por el director general de Inspección, Amador Elena, y con fecha de 28 de noviembre de 2001.

Ese mismo día, el vicepresidente del Gobierno compareció en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, donde anunció que Administraciones Públicas le había comunicado que, según la Ley de Altos Cargos, no ha incurrido en ninguna incompatibilidad.

El informe del minsterio expresa que la situación patrimonial de las empresas de Rato ofrecen dos situaciones distintas. Por una parte, "la posesión de la titularidad directa de parte del capital social en sociedades entre las que alguna ha contratado con alguna Administración Pública. En este caso, el montante de la participación (de Rato) no supera el porcentaje del 10 por ciento previsto en la ley, por lo que no hay que formular objeción legal a la misma".

La otra situación que cita el informe es la de empresas en ls que el vicepresidente tiene "una participación superior a este porcentaje y que, no habiendo sido adjudicatarias de ninguna contratación, participan a su vez en sociedades que sí han contratado con el sector público".

En este caso, y tras una densa argumentación, el director general de Inspeccion de Administraciones Públicas interpreta que en ninguna ley se prohibe de manera expresa la participación indirecta de un alto cargo en sociedades contratistas del sector público.

A principios del pasad mes de diciembre, el PSOE solicitó la comparecencia del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, para que confirmara la existencia del informe que había aireado Rato en el pleno del Congreso.

Los socialistas argumentaban que el vicepresidente es propietario del 33 por ciento de la empresa Muinmo, cuando la ley prohibe tener una participación superior al 10% en empresas que contraten con la Administración.