Este retraso es, no obstante, ligeramente inferior al de los años anteriores (40 días en 1990 y 43 n 1989), aunque el documento recoge "una fuerte variación entre las diversas provincias, oscilando, en 1991, entre 10 días en Alava y 67 en Las Palmas".

Por otra parte, Alvaro Gil-Robles destaca que la institución que preside ha iniciado una actuación por la tardanza observada en la tramitación y resolución de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, establecidas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre.

Según el Defensor del Pueblo, a fecha 13 de diciembre de 1991 habían sido presntadas un total de 242.959 solicitudes, de las que estaban respondidas 73.385, es decir, un 30 por ciento.