Estas demoliciones son consecuencia del incumplimiento de la Ley de Costas, la realización de obras de interés público y la extinción de títulos de ocupación otorgados con anterioridad a la citada norma, como es el caso de los restaurantes de la playa de laBarceloneta, en Barcelona.

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes considera que la mayoría de las aberraciones urbanísticas que aparecen en la geografía costera resultan legales, ya que las construyeron al amparo de una "legislación enormemente permisiva y favorecedora de estas actuaciones".

Por ello, la mayoría de las demoliciones efectuadas son consecuencia de infracciones cometidas contra la normativa vigente cuando se construyeron.

Respecto a los derribos provocados pr la transgresión de la actual Ley de Costas, destacan las demoliciones de numerosas chabolas de verano en las playas de Elche (Alicante), de las edificaciones de la playa de Chilches (Castellón) y de los chiringuitos de la provincia de Málaga.

Durante 1992 la inversión final dedicada a conservación y mantenimiento de las costas ascenderá a unos 11.000 millones de pesetas.