La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Supremo triplica la indemnización que fijó en primera instancia la Audiencia de Pontevedra. Al declararse insolvente la autora de la agresión, será el Estado el hará frente a la compensación impuesta por el tribunal.

El fallo de la Audiencia de Pontevedra también condenó a la Xunta de Galicia como responsable civil subsiiaria, pero el Supremo ha absuelto al Gobierno gallego, al entender que los responsables de la seguridad en los recintos judiciales son los cuerpos policiales dependientes de la Administración Central.

El Supremo ha decidido, asimismo, mantener la condena de 14 años y 3 meses de prisión a la que fue condenada la agresora por la Audiencia de Pontevedra, así como sendas indemnizaciones de 31.716 y 7.290 euros para las dos trabajadoras sociales de la Xunta de Galicia que acompañaban a la víctima y que tabién resultaron heridas en el suceso.

Los hechos se remontan a octubre de 2000, cuando la madre de la víctima aguardaba en el vestíbulo de la primera planta de la Audiencia de Pontevedra a que comenzase el juicio contra su marido por agresión sexual a la hija de ambos, quien debía testificar en el mencionado proceso.

La agredida ingresó en el edificio acompañada de una educadora y una asistente social de la Xunta de Galicia, ante el temor que tenía de ser agredida por su familia. Al llegar al lugr donde se debía celebrar la vista oral, la madre roció con un bote de ácido sulfúrico a la víctima quien se acurrucó en posición fetal y se tapó la cara para evitar el ataque.

Acto seguido, la agresora se abalanzó sobre ella y, tirándole del cabello, trató de que volviese el rostro para echarle el ácido en la cara. Una vez que se le cayó el bote, los dos guardias civiles que la mujer había sorteado para llegar hasta la víctima la inmovilizaron.

A resultas del ataque, la mujer sufrió quemaduras gaves de segundo y tercer grado en el 15 por ciento de su cuerpo, que le provocaron numerosas cicatrices en la cara, tórax y brazos, que la han obligado a someterse a varias intervenciones de cirugía. Las dos trabajadoras sociales de la Xunta y uno de los guardias civiles también resultaron heridos de diversa consideración.