Esta es la principal novedad que se recoge en el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno con el fin de regular de forma específica el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo destinados a las personas con discapacidad en la Administración General de la Junta.

La nueva norma, que incorpora las recomendaciones del informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz, fija esa cuota mínima del 1% dentro del cupo general del 5% para personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas con grado de minusvalía igual o superior al 33%; una reserva de plazas que ya incorporaron las ofertas de empleo público de la Junta de 2003 y 2005, tanto en acceso como en promoción interna.

Además de establecer la nueva cuota para personas con discapacidad intelectual, el decreto incluye diversas medidas para hacer posible este compromiso. Entre ellas destaca la posibilidad de que las convocatorias recojan la exención de algunas pruebas o la modulación de las mismas teniendo en cuenta el factor del retraso mental.

Con carácter general para cualquier discapacidad, la norma regula también las adaptaciones y los ajustes necesarios en el proceso formativo. De este modo se establece la realización de cursos específicos dirigidos tanto a mejorar el desempeño del puesto de trabajo como a apoyar la promoción interna de los trabajadores discapacitados.