Según explicó María Roces, miembro de la Comisión de la Vivienda de la FRAVM, este proceso comienza con la solicitud por parte de la propiedad de la declaración de ruina de los edificios, lo que supone la destrucción de las fincas.

Señaló que, además, esto conlleva la expulsión de los residentes de esas viviendas, la mayoría personas mayores de escasos recursos económicos, ya que es el único mecanismo existente en la actualidad por elque los propietarios pueden resolver los contratos de alquiler con los inquilinos.

Roces indicó que este proceso de expulsión de inquilinos afectó en 1989 a unas 10.000 personas, unas 2.500 familias, cifra que, a su juicio, es muy superior en el presente año.

Aseguró que estas actuaciones, que afectan principalmente a las viviendas de la almendra central y cascos antiguos de los barrios, son realizadas también sobre edificios protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana, a pesar de que la ey establece la imposibilidad de declararlos en ruina económica.

Así, presentó un listado de 114 fincas catalogadas como patrimonio artístico, la mayoría situadas en el distrito Centro, en las que, a pesar de la prohibición legal, ya ha sido declarada la ruina, lo que ha originado, en algunos casos, su demolición completa, como ocurrió con los edificios situados en los números 26 y 28 de la calle Tres Peces.

En su opinión, esta desaparción del patrimonio artístico y residencial se debe al interéseconómico de la propiedad por convertir las viviendas en oficinas, operación que afectó a unas 13.000 casas desde 1985, fecha de entrada en vigor del "Decreto Boyer", que permite la sustitución del uso residencial de un edificio por el terciario.

Afirmó que con esta especulación, mientras que los inquilinos de renta antigua pagan unas 1.000 pesetas de alquiler mensual, el precio del metro cuadrado de oficina en el distrito Centro puede alcanzar las 5.000 pesetas.

COMPLICIDAD CON LA ESPECULACION

En opinión de Roces, el problema tiene su origen en la inhibición del Ayuntamiento para hacer cumplir a la propiedad inmobiliaria su deber de conservar las edificaciones, bien sea por la vía del apremio o ejecución forzosa, o realizando las labores de reparación subsidiariamente, pasando posteriormente a la propiedad los gastos de la obra.

"La inhibición municipal está en complicidad con la especulación de los propietarios, que se amparan para imcumplir las normas urbanísticas en la impunidad en la qu pueden actuar, debido a que el Ayuntamiento no les obliga a mejorar las fincas", afirmó.

Ante este proceso, que, a su juicio, es un problema social importante, la FRAVM, además de la constitución de la Plataforma, promoverá la formación de comisiones de afectados en las asociaciones de vecinos de los distritos más amenazados por estas operaciones, como ya existen en La Corrala, de Centro, y La Unidad de Arganzuela.

Asimismo, exigirá al Ayuntamiento la ejecución sustitutoria que evite las declaraiones en ruina, ya que "el consistorio no puede consentir la desaparición de las fincas".

Pedirán también a los responsables municipales la aplicación "taxativa" de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana, para que los inmuebles catalogados no sean declarados en ruina económica, "porque nos tenemos que Gerencia Municipal de Urbanismo está intentado cargarse el catálogo de edificios protegidos", insinuó Roces.

La federación también propondrá a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) l creación de un parque de 100 casas en las que puedan ser realojadas las personas afectadas por ese proceso, y la implicación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en la conservación y restauración del patrimonio.

Otra de las medidas de la FRAVM para luchar contra esta especulación inmobiliaria es la expropiación municipal de los solares que resulten de la declaración en ruina, así como de las fincas que hayan cambiado de titularidad durante la tramitación del expedinte y para la construcción de viviendas de protección oficial.

Finalmente, la portavoz vecinal hizo referencia al decreto de la Gerencia Municipal de Urbanismo por el que los inquilinos tienen derecho a una indemnización cuando son expulsados de sus viviendas declaradas en ruina.

Sin embargo, señaló que desde su aplicación en noviembre ningún vecino ha conseguido obtener la indemnización, que cifró en medio millón, "o de dos millones después de varios meses de pleitos con la propiedad, por lo quelos inquilinos están indefensos".