Ambos partidos se han comprometido a impulsar un plan regional de regadíos; a crear un fondo de garantía por impago de pensiones por ruptura matrimonial; crear una línea de construcción de viviendas de alquiler para jóvenes, y fomentar la construcción de centros de recuperación y reciclaje de residuos sólidos urbanos.

El acuerdo contempla, además, la creación de un grupo de trabajo constituido entr PSOE e Izquierda Unida para desarrollar en Castilla-la Mancha una política fiscal propia en el marco de las actuales competencias de la región, así como para analizar las consecuencias del nuevo modelo de financiación autonómica en el quinquenio 1997-2.001.

Los dirigentes de ambas formaciones políticas afirmaron que este acuerdo demuestra que la izquierda puede llegar a entenderse y llevar a cabo propuestas conjuntas frente a la política "agresiva" del Partido Popular.

Tanto el secretario genera del PSOE en Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, como el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan José González, se mostraron partidarios de extrapolar el diálogo al resto del país, aunque reconocieron que en estos momentos no es posible hacerlo.

Hernández Moltó subrayó que el acuerdo en Castilla-La Mancha ha sido más fácil de adoptar, debido al hecho de que la dirección regional de Izquierda Unida esté formada mayoritariamente por integrantes de Nueva Izquierda.